Pese a la ley, los equiparados seguirán cobrando como jueces

 

Con los votos de Omar Palermo y Mario Adaro, la Suprema Corte le dio lugar a las cautelares interpuestas por los equiparados a magistrados contra la ley que les impedía seguir cobrando como jueces. El juez José Valerio votó en disidencia.


Pese a la ley Nº 9.230 que puso fin a la figura de los equiparados a magistrados, la Sala II de la Suprema Corte de Justicia de Medoza dio lugar al reclamo realizado por los funcionarios por lo que seguirán cobrando como jueces hasta que se resuelva la cuestión de fondo. Lo cierto es que con esta resolución Elizabeth María Carbajal, secretaria del exjuez Jorge Nanclares , seguirá cobrando su sueldo de $406 mil.

Si bien Omar Palermo y Mario Adaro aceptaron la medida cautelar que presentó Carbajal, el caso testigo de los altísimos salarios que tenían los equiparados a magistrados (de más de $ 400.000 al mes); el otro juez de la Sala, José Valerio, votó en disidencia, lo que muestra a las claras las diferencias entre el ala peronista y el ala radical de la Suprema Corte.              

Desde que se sancionó la norma el pasado 10 de junio, los equiparados a magistrados buscaban mantener su situación salarial por lo que fueron presentando un paquete de medidas judiciales para reclamar, entre ellas; cautelares, acciones de inconstitucionalidad y Acción Declarativa de Certeza.

El fallo expresa concretamente, ante el reclamo presentado por Carbajal, que se hace lugar a la pretensión cautelar de la accionante, pero también ordena al Poder Ejecutivo “que se abstenga de emitir acto o medida que de modo alguno altere la actual situación de revista o el modo en que se liquidan y abonan los haberes de la accionante hasta tanto se dicte sentencia definitiva en estos autos”.

 

Los beneficiados

Si bien la ley que se sancionó no cortaba de raíz el problema y dejaba lugar a excepciones que para la oposición fueron polémicas, sí dejaba claro que los funcionarios de la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección de Contabilidad y Finanzas, la Dirección de Informática y la Subdirección de Contabilidad y Finanzas, entre otros, no podían seguir cobrando sueldos de jueces.

Allí aparecen los funcionarios Carlos Quiroga Nanclares (secretario de Gestión y Control),  Eleonora Lamm (subdirectora de Derechos Humanos), María Milagros Noli (Directora de la Dirección de Derechos Humanos y Acceso a la justicia), Cristóbal López Maida (Subdirector de Niñez y Adolescencia) y Romina Cucchi (Sub Directora de Ejecución Penal).

También Beatriz Fanny Naves (Coordinadora Provincial del Cuerpo Auxiliar Interdisciplinario), Mónica González (Administradora General del Poder Judicial), Gustavo Abaca (Director de Contabilidad y Finanzas), Silvia Cataldo (subdirector Interino de la Dirección de Contabilidad y Finanzas), Mario Jesús Cano (Director de Informática), y Hugo César Correas (Director de Recursos Humanos). 

En el Ministerio Público los beneficiados son Beatriz Elena Chávez (Inspectora del Ministerio Público Fiscal), Sandra Canese (Inspectora y Delegada de la Procuración General en la Cuarta Circunscripción), Jorge Frigerio (Administrador Financiero del Ministerio Público Fiscal), Alfredo Eduardo Clavel (Inspector en el Ministerio Público Fiscal), Jorge Rubio (Inspector del Ministerio Público Fiscal), Mario Alberto Gabriele (delegado de la Procuración General e Inspector), Alberto Luis Tonelli (Delegado del Procurador en la tercera Circunscripción), Gerardo González (Director de Perfeccionamiento y Modernización del Ministerio Público Fiscal), Javier Alejandro Salinas (Director del Cuerpo Médico Forense y Criminalístico) y Juan Manuel Lima (a cargo de la Oficina de Jurisprudencia del Ministerio la Defensa y Pupilar).

 

El pedido de los equiparados

Según explicaron los abogados de los 21 equiparados que reclamaron, se presentaron dos acciones ante la Corte: una declaración de certeza y un pedido de inconstitucionalidad. También una medida cautelar para que sigan cobrando la totalidad de sus sueldos hasta que la Corte resuelva las dos acciones anteriores. “La cautelar es para que no se altere la situación de quienes han accionado por la urgencia que reviste la misma”, explicó la abogada Guadalupe Simone Cajal.

“Presentamos una acción declarativa de certeza porque la ley no es clara y las exposiciones de los legisladores durante la sesión tampoco lo son. El texto genera mucha incertidumbre, no se entiende si las excepciones son independientes o complementarias”, agregó su colega Ernesto Bustelo.

“En una provincia como Mendoza, que se jacta de ser muy sólida en las instituciones, las leyes deben ser efectivas hacia adelante, no hacia atrás. Una ley no puede sacar de un cargo o dar marcha atrás 12 años a una persona en su carrera. La Legislatura no puede privar de su derecho a un puñado de personas”, sentenció.

 

El enojo de Suarez

El 3 de marzo el gobernador decidió enviar un proyecto a la Legislatura tras conocer que la secretaria privada de Nanclares cobraba un salario de bolsillo de $406.818 sin pagar el Impuesto a las Ganancias. Es por eso que envió el proyecto para regular esos salarios para ratificar además “que nadie pueda cobrar más que el gobernador”.

Después de un tiempo de debate la Legislatura aprobó el proyecto pero con modificaciones a la iniciativa original y los relatores conservaron la figura de equiparados a magistrados.

 

 

Fuente: MEDIOS // Foto portada: José Valerio (primero de izquierda a derecha) votó en disidencia ante la aceptación de la cautelar que hizo Omar Palermo (en el medio) / Archivo 

 

Dejanos tu comentario

 

También te puede Interesar