Batalla por el agua: no cesan los reclamos ambientalistas contra la modificación de la ley 7.722

 

Las protestas en San Rafael se dieron en consonancia con otras en distintos puntos de la provincia.


“¡El agua de Mendoza, no se negocia!”. “Por Mendoza libre de fracking y megaminería". Esas, y otras frases contra la modificación de la Ley 7.722 y en `defensa del agua´, se oyeron en la noche de éste domingo en Plaza Francia -de San Rafael-, cuando un grupo de entre cincuenta a sesenta personas –según estimaciones de este medio-, se autoconvocaron al “ruidazo” organizado por las Asambleas Mendocinas por el Agua Pura (AMPAP), agrupación a la que pertenece la Asamblea por el Agua de San Rafael, principal promotora de los reclamos en el medio local.

“Estamos en años de mucha sequía, ya hace más de 10 años, y a todo esto ya se hace uso del `fracking´ en algunas cuencas de Mendoza. El agua que tenemos, es para la gente, no para los proyectos mineros”, objetaba en diálogo con este diario, Ana Feldman –una de las asambleístas en defensa de la Ley 7.722-.

Las protestas en San Rafael se dieron en consonancia con otras en distintos puntos de la provincia, como la de San Carlos (en la Terminal de Eugenio Bustos), Tunuyán (Plaza Departamental), Tupungato (Plaza Departamental) y ciudad de Mendoza (Plaza Independencia), que también se desarrollaron el último domingo.

El pasado domingo, autoconvocados en defensa de la continuidad de la Ley 7.722 se concentraron el Plaza Francia de San Rafael. 

 

El grupo de autoconvocados viene concentrándose desde hace poco más de 2 meses frente a la Municipalidad de San Rafael –lo hacen todos los días miércoles-, para exigirle a los concejales que impulsen una ordenanza que declare a San Rafael “libre de fracking” y que se adhieran en poyo a la continuidad de la Ley 7.722. No obstante, a los ambientalistas se les ha hecho saber que una ordenanza de ese tipo no avanzaría: “Nos corren diciendo que lo que ocurra en el suelo no es jurisdicción del municipio, pero sabemos que no es así; hay muchos departamentos de Mendoza que sí sacaron la ordenanza”, remarcó Feldman.

La Ley 7.722, no prohíbe por completo la minería metalífera, sino que es restrictiva: prohíbe el uso de sustancias tóxicas y obliga al Ejecutivo a que mande cualquier proyecto minero a la Legislatura para que lo ratifique o lo rechace. Las asambleas por el agua sospechan de que las intenciones no sólo sean modificar la ley, sino también –en algún momento- derogarla.

“En caso que la modifiquen, lo que quieren es avanzar sobre la modificación de dos puntos importantísimos: uno, el que dice que no se pueden usar sustancias tóxicas. Es decir, que de nada serviría la ley si retocaran ese punto. Y la otra cuestión, en caso que haya cambios en la ley, es que las audiencias públicas no tendrían que pasar por la legislatura para su ratificación. Eso quiere decir que viene una empresa, pone toda la `torta´ y empieza a saquear nuestros suelos de cualquier manera”, arremetió la asambleísta en la protesta del último domingo.

Luego de un largo tiempo de imperio de la Ley 7.722 -que estableció en 2007 las fuertes restricciones para el desarrollo de la actividad minera metalífera en la provincia- un cambio de era aparentemente se aproxima, impulsado por Rodolfo Suarez y su futuro gobierno, junto al aval de un sector del PJ. “Parece que la voluntad política está del lado de las empresas y no de la gente”, concluyó la referente del sector ambientalista.

 

Por Redacción Ojos de Café  / Foto portada: Amor y Pólvora Fotoperiodismo 

 

 

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