Editorial Ojos de Café: a los señores Fiscales ¿qué delito pretenden imputar?

 


Pablo Peñasco, jefe de los fiscales de la Segunda Circunscripción Judicial, confirmó ayer a medios locales que se decidió iniciar una causa penal por “instigación al delito” por la marcha que se había convocado para este sábado de manera anónima. La caravana, que se divulgó por cadenas de whatspp y redes sociales, peticionaba por una serie de puntos en referencia a la cuarentena obligatoria, y en reclamo de diversos sucesos relacionados al gobierno de Alberto Fernández.

Pero hay un aspecto fundamental de la acción del Fiscal Peñasco (que con su aprobación, la causa fue iniciada en la Fiscalía a cargo de Andrea Rossi) que parece no lo inquieta.

Desde el punto de vista jurídico no lo conmueve que un decreto del poder Ejecutivo nacional someta a toda la población a un confinamiento obligatorio que lleva 70 días –aislamiento que, a propósito, ha sido cuestionado por especialistas a nivel mundial- y que, tal decreto, al mismo tiempo disponga la suspensión de todas las libertadas individuales que consagran los Artículos 14 y 18 de la Constitución Nacional. Nada más ni nada menos.

La convocatoria, que se replicó también en otros ciudades del país.-

 

Del primero de los artículos, la Carta Magna dice: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio, a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades [NdR: que era lo que pretendían los ciudadanos al manifestarse en la tarde de este sábado]; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su cuto; de enseñar y aprender.

En referencia al citado Artículo 18, la Constitución dispone: “Ningún habitante de la Nación puede ser arrestado sino en virtud de orden escrita de autoridad competente [NdR: ¿y que es, sino, un confinamiento obligatorio que viola esta garantía fundamental y se parece más a un arresto domiciliario que a ninguna otra figura?].  

Para ser más precisos, el Gobierno argentino nunca declaró el Estado de Sitio, régimen de excepción que sí suspende los derechos de los habitantes; ni tampoco, siquiera, se ha dictado una ley por el Congreso de la Nación que otorgue marco legal a las severas restricciones a las que se ha sometido a la población. 

En definitiva, si no hay Estado de Sitio (que exceptúe las garantías), y no hay Ley que reglamente. ¿Qué delito pretenden imputar los señores Fiscales?

 

 

Editorial Ojos de Café

 

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